Un retumbo baja por la montaña y se pierde entre las casas. Es un sonido que aquí ya nadie interpreta como advertencia.
En Morelia, una comunidad del municipio de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, los vecinos lo escuchan casi todos los días. Viene del volcán de Fuego, que domina el paisaje y es visible desde casi cualquier punto. Cuando el rugido es más fuerte, la ceniza cae sobre los techos de lámina y cubre los patios.
Julia —nombre ficticio que pidió usar para proteger su identidad— vive allí desde hace cinco años. Dice que su casa existe desde que tiene memoria, que la ha ido mejorando poco a poco y que nunca ha sufrido daños graves por una erupción. Es una vivienda de un solo nivel, construida con lámina y concreto, sobre un terreno que pertenecía a su madre.
«Esta casa es segura. No llega la lava nunca. Si acaso ceniza, pero nada más», afirma.
Morelia es una comunidad pequeña, de unos 30 habitantes. Se ubica al noreste del volcán de Fuego, a unos 6.7 kilómetros en línea recta del cráter.
A criterio de Julia, esa distancia es suficiente para que la lava no llegue a afectar su hogar. Aunque escucha con frecuencia los retumbos del volcán, nunca se ha sentido preocupada.
Tiene 65 años, vende bolsas tejidas y camina con sandalias gastadas. Lleva el cabello recogido en una trenza. Mientras habla, el volcán vuelve a rugir. Ella no se inmuta.
Hace siete años, San Miguel Los Lotes sí sufrió los daños que, aunque Julia no los ve probables, Morelia podría enfrentar en cualquier momento. Esa aldea —hoy considerada un cementerio— también está ubicada al noreste del cráter, pero a 3.5 kilómetros, en el límite entre Escuintla y Sacatepéquez. El 3 de junio de 2018, una erupción del volcán de Fuego la destruyó y mató a 200 de sus habitantes, aunque la cifra podría ser más alta, según rescatistas.
Julia recuerda ese día, pero insiste en que algo así no ocurrirá en su comunidad.
«Los Lotes sí estaba en las faldas del volcán», dice, como si Morelia no lo estuviera también.
Si hubiera una erupción fuerte, afirma que su familia tiene un plan: salir cuando las autoridades lo indiquen o cuando el peligro sea evidente. Su casa no tiene seguro que cubra posibles pérdidas.
«La Muni ha venido a preguntar si tenemos planes familiares de respuesta, y sí los tenemos: salir si las autoridades lo dicen. Pero fuera de eso nunca nos han capacitado ni nada», cuenta.
Aun así, duda que participaría en simulacros de evacuación. Cree que esas actividades pueden ser aprovechadas por ladrones para entrar a las viviendas. Después de todo, en Alotenango los delitos denunciados de manera más frecuente son los asaltos y los robos. Por eso, algunos vecinos prefieren quedarse.
«Si pasa algo de verdad, entonces sí nos vamos», señala la vecina.
El caso de Julia, en Morelia, ilustra el riesgo que enfrentan las 2 mil personas que, según cálculos de las autoridades locales, viven o trabajan en comunidades de San Juan Alotenango ubicadas en las faldas del volcán de Fuego. El municipio fue el más afectado por el desastre de 2018.
Siete años después de la mortal erupción —catalogada por la ONU como la peor tragedia del año en Latinoamérica— la construcción no se detuvo, sino que creció.
De acuerdo con registros oficiales, de julio de 2018 a enero de 2026, la Dirección Municipal de Planificación autorizó 413 nuevas edificaciones en estas áreas.
Cada una se ubica en un sitio clasificado con amenaza alta, moderada o baja, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Estas categorías indican la probabilidad y la gravedad de los daños en caso de una erupción, dependiendo de su magnitud y de la cercanía al cráter.
De las 413 edificaciones, 379 (el 92 %) son viviendas ubicadas en zonas de peligro bajo, mientras que 31 (el 8 %) están en áreas de peligro moderado. Entre estas últimas, la Municipalidad también registra una urbanización —un residencial privado— conocida como Místiko. Además, hay un hotel y un restaurante en las faldas del volcán, aunque no están clasificados según la amenaza.
La cifra es ocho veces mayor que la de los siete años previos a la tragedia. Entre enero de 2011 y mayo de 2018, las autoridades municipales dieron su visto bueno a 52 construcciones: 50 viviendas, un hotel y una urbanización.
Este último complejo es el club La Reunión y fue autorizado en una zona de alto peligro. Está ubicado a unos 5 kilómetros del cráter del volcán, en uno de los lugares más afectados por la erupción de 2018. Desde entonces, la Municipalidad de Alotenango no ha permitido nuevas obras en zonas con amenaza alta.
Aunque Julia insiste en que su comunidad está a salvo de un desastre como el de aquel año, los vulcanólogos no están de acuerdo.
Un estudio de la revista Nature, publicado en 2016, explica que una característica clave de los volcanes activos es su comportamiento impredecible. Aunque existen métodos para anticipar su actividad, un día pueden arrojar lava en una dirección y al siguiente hacerlo hacia el lado contrario.
«Las erupciones no siguen patrones fijos. La naturaleza no avisa», agrega Sergio Cabañas, quien dirigía la Conred en 2018.
Esa lección la aprendieron quienes sobrevivieron a Los Lotes.
Bertilia, de 50 años, recuerda que nunca se sintió amenazada. Creía que los barrancos que rodeaban la aldea serían suficientes para contener la lava.
Hoy vive en El Renacer, en Parramos, Chimaltenango, a unos 25 kilómetros del lugar donde perdió a 200 de sus vecinos. Con la mirada baja, sentada en una silla de su negocio, lamenta que muchos no evacuaron aquel domingo.
«Creíamos que aquí nunca pasaría nada, hasta que pasó», confiesa.
En Guatemala, construir en las faldas de un volcán no está prohibido.
Las municipalidades autorizan las obras y fijan los requisitos. Toman en cuenta normas de la Conred sobre diseño y materiales, pero no son obligatorias.
En Alotenango, el Departamento de Ordenamiento Territorial evalúa cada proyecto. Para viviendas, exige estudios de suelo, permisos ambientales y documentación administrativa. Para urbanizaciones, como Místiko o La Reunión, también verifica si los desarrolladores ofrecen planos apropiados para el terreno y rutas de escape adecuadas.
Pero hay un vacío clave: los requisitos no cambian según el nivel de amenaza ante el volcán. Así lo reconoce Luis Hernández, director de Planificación Municipal de Alotenango. Si los documentos están completos, la obra recibe luz verde sin importar dónde esté.
Para cambiar esto, Jean-Roch Lebeau, consultor en planificación urbana, recalca que el primer paso es que las autoridades formalicen un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una normativa que permite definir con claridad dónde se puede construir —y dónde no—.
Alotenango carece de uno. De hecho, en todo el país, solo siete de las 340 municipalidades cuentan con un POT vigente. El director Hernández argumenta que el plan está «en proceso de elaboración», aunque no pudo precisar cuándo estará listo.
«El POT sería la forma de delimitar legalmente las áreas y evitar que tantas personas vivan en riesgo», comenta Lebeau.
El problema es que su elaboración correcta no depende únicamente de la municipalidad. Requiere información actualizada sobre amenazas, una tarea que corresponde al Insivumeh y a la Conred.
Y ahí aparece otro obstáculo. El mapa del Insivumeh que define los niveles de amenaza en las faldas del volcán fue elaborado en 2018, luego de la erupción, y no ha sido actualizado desde entonces.
En otros países de la región, como Colombia o Costa Rica, los gobiernos han aplicado medidas más estrictas para evitar asentamientos en zonas de alto peligro. Estas incluyen reubicaciones, restricciones de uso de suelo y, en algunos casos, expropiaciones.
Esas políticas no funcionan por sí solas. Según Lebeau, requieren dos condiciones: ofrecer alternativas reales de vivienda y contar con un ordenamiento territorial que impida que las personas regresen o que nuevas familias se asienten en las mismas zonas.
«Requiere mucha voluntad política que evidentemente Guatemala no tiene», opina.
Conseguir casas dignas en terrenos disponibles es una tarea complicada en un país en donde seis de cada 10 personas sobreviven en pobreza y hay un déficit de terrenos para viviendas.
«La falta de tierras disponibles hace que muchas familias se asienten en lugares peligrosos», añade Abraham Marroquín, subdirector territorial de la Dirección de Respuesta de la Conred.
Esto lo refleja Eufemia Expatá, una de las sobrevivientes de la tragedia del 3 de junio de 2018. La vecina, quien se dedica a comerciar bolsas de tela, jamás abandonó la localidad. Hoy vive sola en una vivienda de lámina que levantó luego de la erupción.
«Toda mi familia quedó aquí enterrada y yo no pude dejarlos atrás», cuenta Eufemia.
El volcán de Fuego no distingue entre comunidades rurales y proyectos turísticos de lujo. Pero la forma de enfrentar una erupción sí cambia, y mucho, según el lugar.
Algunos complejos privados tienen recursos para anticiparse. Fincas como La Reunión y San Cayetano cuentan con sistemas propios para monitorear la actividad volcánica y protocolos obligatorios de evacuación. Según el Insivumeh, la primera está en una zona de alto peligro, a cinco kilómetros del cráter; la segunda, en un área de amenaza media, a 7.4 kilómetros.
«No necesitamos de la Conred o del Insivumeh. Sé leer los boletines y, con base en ellos, tomar decisiones preventivas», afirma Valdemar Márquez, presidente del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional en San Cayetano.
Esa capacidad de anticipación marca una diferencia determinante. En caso de emergencia, estos complejos pueden evacuar sin esperar órdenes oficiales, que en tragedias como la del 3 de junio de 2018 llegaron tarde.
Ese día, en la finca La Reunión no murió ninguna de las 320 personas que estaban en el hotel. Solo hubo daños materiales —que afectaron alrededor del 20% del terreno— y la empresa lo atribuye a una decisión tomada a tiempo: evacuar por cuenta propia, con base en la información de sus equipos de monitoreo.
En otros proyectos ubicados en las faldas del volcán, no es posible saber si existen medidas similares. Representantes de la Comunidad Campestre Místiko, una urbanización autorizada en zona de riesgo medio, declinaron dar entrevistas sobre sus protocolos de prevención.
Representantes de La Reunión confirmaron a esta reportera que cuentan con sistemas de monitoreo y seguros para sus propiedades —al igual que San Cayetano—, pero cancelaron en tres ocasiones una entrevista para profundizar en sus medidas y luego dejaron de responder llamadas y mensajes.
En las aldeas y poblados cercanos, la realidad es otra.
A diferencia de los complejos privados, en las comunidades el margen de reacción es más limitado. Las familias dependen de las alertas de las autoridades estatales y, muchas veces, de su propia interpretación del riesgo. Carecen de equipos de monitoreo y de respuesta eficientes que les permitan protegerse antes de que la amenaza ya sea evidente.
Para contrarrestar esa vulnerabilidad, la Conred cuenta con coordinadoras municipales y locales, es decir, delegados responsables de capacitar a la población y activar evacuaciones en casos de emergencia.
Pero en Alotenango ese sistema no alcanza. La propia institución confirmó en marzo de 2026 que, a nivel de aldeas y otros lugares más pequeños, carece de enlaces oficiales acreditados para atender desastres. En otras palabras, los poblados no tienen representantes oficiales ante la Conred que puedan dirigir las respuestas frente a erupciones volcánicas.
La Municipalidad intenta llenar esa carencia. Esta reportera solicitó una entrevista con el alcalde Sergio Sul, del partido Elefante, para profundizar en las medidas de prevención, pero declinó atenderla.
En su lugar, Carlos Toledo, integrante del equipo municipal de la Conred en Alotenango, asegura que realizan capacitaciones «continuas» con líderes comunitarios que ofrecen su tiempo de forma voluntaria —no con enlaces oficiales de la Conred—. En 2025, contabilizaron 10 talleres sobre los patrones eruptivos del volcán y las rutas de escape.
Para el geólogo Manuel Mota, esta alternativa evidencia una debilidad.
«Pueden recurrir a líderes comunitarios en lugar de enlaces oficiales, pero ¿qué pasa si esa persona falla? El problema es que, cuando fallan, el sistema entero se cae», advierte.
A su juicio, estas fallas pudieron influir en lo ocurrido en 2018. Ese año, la Conred explicó que no logró evacuar a cientos de vecinos por un cambio repentino en la dirección de los flujos de la erupción. Primero, alertaron en el sector de Yepocapa, Chimaltenango, pero, tras el colapso del cráter, la lava descendió por el lado de Los Lotes, Alotenango, y «ya no les dio tiempo» de reaccionar.
Para algunas familias, dejar las faldas del volcán no es una decisión simple. No tienen a dónde ir, sus casas no están aseguradas y perderlas significa empezar de cero.
Eufemia lo vivió en 2018. Sobrevivió porque los bomberos la rescataron antes de que la lava alcanzara su vivienda. Dice que nadie le había enseñado cómo evacuar ni qué debía llevar.
«Conred no avisó nada hasta que ya la lava venía encima», recuerda.
Mildred sufrió una situación similar. Perdió a sus dos hijas y, cuando su familia intentó huir, también ya era tarde. Su abuelo tenía un radio con el que podía reportar la actividad volcánica a la Conred. Ese día, sin embargo, ningún delegado lo contactó por ese medio para avisarle que debía evacuar.
«Ni siquiera por el hecho de tener un radio de comunicación directa con Conred, la alerta llegó a tiempo», lamenta Mildred. La vecina, una enfermera de 31 años, ahora vive en una vivienda en Chimaltenango que le donaron organizaciones filantrópicas.
Siete años después del desastre, el peligro se multiplica en las faldas del volcán de Fuego. Algunos complejos urbanos, como La Reunión, funcionan como si la tragedia no les hubiera tocado. En otras comunidades, como la de Julia, varias familias no tienen otra opción que confiar en las autoridades públicas o en su propio instinto.
«Nosotros no tenemos otro lugar a donde ir. Aquí está nuestra casa, aquí está nuestra familia», narra Julia, desde Morelia.
Mientras habla, el volcán sigue ahí. Cada retumbo lo recuerda. La pregunta ya no es si volverá a ocurrir otra tragedia, sino cuándo.